El compromiso de la Sala Regional Monterrey es con el Estado de derecho, por lo que este órgano jurisdiccional electoral actuará con imparcialidad, profesionalismo y hará valer el voto expresado en las urnas por la ciudadanía de la segunda circunscripción, aseguró la magistrada presidenta Claudia Valle Aguilasocho, al presentar el Informe de Labores 2021-2022.
Ante el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón; de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como del consejero de la Judicatura Federal, Sergio González Bernabé; además de los integrantes del pleno de la Sala Regional Monterrey, magistrado Ernesto Camacho Ochoa y magistrada en funciones Elena Ponce Aguilar, la magistrada Claudia Valle expuso que con exhaustividad en la construcción de los proyectos de resolución y el diálogo entre pares, el 90.9 por ciento de las sentencias se resolvieron por unanimidad y al cierre del periodo informado se había cumplido el 93 por ciento.
Respecto a la estabilidad que tuvieron las decisiones tomadas por esta Sala, dijo que en el 83 por ciento de los casos esta Sala fue instancia final. Sobre los retos que se tendrán en el corto plazo, la magistrada Claudia Valle detalló que en la segunda mitad de 2023 iniciarán los trabajos preparatorios del proceso electoral 2024, donde solo en la segunda circunscripción se elegirán tres mil 910 cargos, y en los estados que abarca esta Sala Regional se renovarán ayuntamientos y congresos locales.
Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que, para lograr la estabilidad democrática, quienes integran el Tribunal Electoral deben conducirse con absoluta independencia, autonomía y profesionalismo, ya que, dijo, esto es la base de la confianza ciudadana en la justicia electoral. Al juzgar con perspectiva de integridad electoral, el máximo órgano jurisdiccional electoral ha establecido que existen límites constitucionales y éticos que no deben rebasarse, advirtió.
Señaló que para salvaguardar el equilibrio entre los poderes del Estado y la equidad entre los partidos políticos, es esencial contar con un Poder Judicial independiente que haga frente a la arbitrariedad, la ilegalidad, la corrupción y que soporte las presiones de los poderes públicos y fácticos. Añadió que en la medida en que las decisiones de la justicia electoral construyan soluciones, para si es posible erradicar las malas prácticas o por lo menos sancionar las que constatan, se refuerza su independencia y aumenta la confianza pública y ciudadana.
Cuando existe confianza, agregó, se produce un círculo virtuoso que impulsa la participación de la ciudadanía y la satisfacción con las instituciones democráticas. Por el contrario, subrayó, cuando la sociedad expresa reservas a las instituciones, se alimenta un ambiente de polarización que erosiona la democracia y que tiende a incentivar las malas prácticas en los procesos electorales.
Por lo anterior, afirmó que la responsabilidad del Tribunal Electoral no se agota con resolver controversias, sino que debe actuar en forma preventiva y, sobre todo, de forma impecable. El objetivo final, apuntó, es desincentivar las malas prácticas y proteger la libertad ciudadana para ejercer su derecho a elegir de manera auténtica a sus gobernantes sin coacción.
Finalmente, destacó la labor jurisdiccional de la Sala Regional Monterrey al adoptar decisiones que maximizan los derechos en temas como violencia política en razón de género o para establecer garantías de un trato equitativo para quienes son aspirantes a candidaturas independientes, así como para resguardar efectivamente los derechos de representación de los pueblos y comunidades.
