El año 2023 arranca con una multiplicidad de retos complejos, que exigen la atención plena de nuestros gobernantes, y la participación activa y comprometida de los demás sectores sociales.
El reto de la movilidad. Nuestro estado está viviendo la peor crisis de movilidad de los últimos 30 años. Sus implicaciones afectan a todos los habitantes de la metrópoli: usuarios, tráfico vehicular, tiempos de traslados y choques. Urge que se presente un Plan Integral de Movilidad Urbana, que integre en una sola visión todas las opciones de traslados. Es necesario subsanar problemas añejos, como el mantenimiento del Metro, y la reestructuración de las rutas de transporte urbano, antes de pensar en construir nuevas líneas de Metro.
La calidad del aire. En el año 2022 los nuevoleoneses respiramos aire sucio y contaminado 244 días. Es patente que no hay soluciones, políticas y actuación al respecto, ni de la federación, del gobierno estatal o de los municipios. Es necesario generar un consenso social en torno a un plan agresivo de atención a esta problemática.
La crisis del agua. La crisis hídrica no está solucionada, y se anticipa nuevamente un año muy seco. El problema del agua es en gran medida, un problema ligado a la corrupción y el mal manejo del organismo encargado de garantizar nuestro acceso a este recurso. Este año, además de las infraestructuras en construcción, es indispensable revisar el modelo de gestión del agua en Nuevo León, buscando altos criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Seguridad y prevención social de la violencia. Continuamos viendo la misma apuesta de hace 10 años para el combate al crimen sin una perspectiva de prevención que permita identificar factores de riesgo que se viven dentro del fenómeno de la violencia. El año 2022 fue uno de los años más violentos en Nuevo León en la última década. Es urgente poner en marcha el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2023-2027, y asignar recursos suficientes para garantizar su implementación.
Transparencia y corrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León está desactivado. No existe el Comité de Participación Ciudadana, no tenemos Política Estatal Anticorrupción, y la Ley que rige al Sistema quedó mutilada el año pasado. En este tema, lo único que podrá cambiar la situación es un verdadero compromiso de parte de las autoridades electas en el estado, los municipios y el poder legislativo. Los hechos muestran que esta voluntad ha sido nula, por lo que es indispensable la participación ciudadana. Los habitantes de Nuevo León debemos rechazar y denunciar la corrupción cada vez que estamos expuestos a ella, y demandar de nuestros gobernantes transparencia, honestidad y sanciones para quienes han cometido actos de corrupción.
Los retos que enunciamos anteriormente difícilmente se van a poder atender en un ambiente conflictivo, y sin colaboración efectiva entre los sectores de la sociedad nuevoleonesa. Para que Nuevo León resuelva las problemáticas que ponen en riesgo la calidad de vida en nuestro estado, se requieren gobernantes y funcionarios públicos profesionales, enfocados en sus responsabilidades, capaces de colaborar y dar resultados tangibles a la ciudadanía.
Desde la sociedad civil organizada nos mantendremos dispuestos a colaborar, coadyuvar e involucrarnos para participar en la medida de nuestras capacidades en resolver estas problemáticas prioritarias y lograr un estado con la mejor comunidad para vivir.
