Los diputados locales Carlos Alberto de la Fuente Flores, Gilberto de Jesús Gómez Reyes y Alhinna Berenice Vargas García presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por considerar a funcionarios estatal estar en desacato por lo siguiente que enumeran:
- Se presentó denuncia en contra del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana; el Director de Presupuesto y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General; y el titular del Periódico Oficial, todos funcionarios del Estado, por el delito de DESOBEDIENCIA.
- En fecha 12 de diciembre de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, un acuerdo en el cual, se ordenan a los titulares de la Administración Pública Estatal, realizar sus funciones a distancia y en su segundo punto, señala que si el titular de alguna dependencia, considera por la necesidad del servicio, implementar horarios escalonados, podrá hacerlo sin que esa jornada laboral exceda de las 8 horas.
- Ese mismo día, acudí al recinto del Periódico oficial del Estado y me negaron el servicio público de publicación oficial, aduciendo que ya habían salido de vacaciones por el citado acuerdo de referencia, situación por la cual, no se pudo dar cumplimiento a la publicación de los decretos que emitió el H. Congreso del Estado, por esta “salida vacacional” anticipada y arbitraria.
- Por lo cual, estimo que se han configurado los elementos del tipo penal de desobediencia, puesto que se negaron de prestar un servicio público sin causa legítima, ya que el acuerdo en cuestión, no le está dando instrucción de no brindar el servicio encomendado por la Ley, sino que le está ordenando tomar “medidas” para evitar la propagación de enfermedades, por lo que su titular debió de organizar dichos “escalonamientos” de horario de su personal.
- Esta conducta establecida y sancionada por el numeral 180 del Código Penal del Estado, que establece.
ARTÍCULO 180.- COMETE EL DELITO DE DESOBEDIENCIA, QUIEN SIN CAUSA LEGÍTIMA, SE NIEGUE A PRESTAR UN SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO AL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO LEGALMENTE, O DESOBEDEZCA UN MANDATO LEGÍTIMO DE LA AUTORIDAD.
